Teresa Hevia. Equipo Editorial e-RAS.Paradojas de la vida o absurdos que no tienen sentido y que ocultan planteamientos ideológicos en el ropaje de invasión de competencias.
Navarra nunca ha permitido que en su territorio se hiciesen abortos, quedaba mejor mirar para otro lado mientras muchas mujeres navarras tenían que viajar a diversos lugares para ejercer un derecho tan legal, si tan legal que quede claro, como cualquier otro.
Cuando vivía el dictador, que ahora parece que algunos quieren resucitar, las españolas también teníamos que viajar, en este caso preferentemente a Londres, pero entonces era ilegal y si nos denunciaban podíamos acabar en la cárcel. Cuentan las que lo vivieron que abortos sí que se hacían en España pero solo para la gente de mayor nivel social que no necesitaba de viajes y para las de menor nivel que sin tener posibilidades económicas ni sociales de acceder a esos viajes se buscaba la vida en las mas oscuras cavernas de nuestra España profunda con consecuencias muchas veces trágicas.
Y resulta que murió el dictador, llegó la democracia y se estableció una normativa legal sobre la interrupción del embarazo que permitió que se acabasen los viajes y desaparecieran las prácticas clandestinas que tanto habían proliferado.
Pero la verdad es que siguió siendo un tema cuando menos tabú y marginado dominado por posturas vinculadas a creencias y en donde las objeciones de conciencia reales o mas o menos interesadas obligaron a que toda esta atención se desviase hacia centros privados concertados, con lo que los servicios públicos fueron poco a poco desentendiéndose del asunto y los/las profesionales de los mismos que sí hacían estos abortos también fueron cansándose y dejaron en muchos casos de hacerlo.
Navarra, el objeto de esta columna de opinión tuvo desde siempre una posición curiosa. Sin oponerse a la ley sencillamente impidió que en su territorio se hiciesen abortos, el sistema navarro de salud en donde el opus dei y la iglesia y la opinión reaccionaria y tradicional tiene mucha fuerza impidieron que en los límites geográficos de Navarra se practicara ninguna interrupción del embarazo.
Por ello, las mujeres navarras tenían que irse a otras comunidades para recibir esta atención que, eso sí, sufragaba el erario de la comunidad foral (se pagan los gastos del viaje, dietas y de la intervención, que deriva a los centros con los que tiene concierto en Madrid, Zaragoza y Bilbao). La peculiar situación que permitía tener la conciencia y el territorio “limpio” estaba más o menos aceptada.
La aprobación de la nueva Ley de interrupción del embarazo podía haber mantenido todo igual, pero en su tramitación se introdujo una disposición final, la 5 que decía que se garantizará esta prestación en la «comunidad de residencia» de la embarazada siempre que ella así lo solicite. Esto rompía con el statu quo de la realidad de la sanidad navarra que he descrito. Esta disposición fue incluida en la ley orgánica a raíz de una enmienda presentada por la coalición Nafarroa Bai.
Y ahora, precisamente ahora, el Gobierno navarro anuncia un recurso a la Ley pero, en palabras de la Consejera de Salud Navarra, María Kutz, porque la nueva ley del aborto “invade las competencias de la Comunidad Foral en su capacidad organizativa y de funcionamiento de los servicios sanitarios” amparados por el artículo 149 de la Constitución y el 53 de la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. (Es curioso que no va contra el fondo de la cuestión, el aborto, sino contra la garantía de servicio sanitario, es decir contra una parte del procedimiento necesario para ejercer el derecho).
Los partidos de la oposición han reaccionado con otras iniciativas para garantizar el derecho reconocido por la Ley aprobada y que entrará en vigor en dos meses.
Independientemente de como acabe el asunto me interesaba dar los elementos de reflexión sobre una nueva utilización de las competencias y en su caso de la Ley para unos fines espúreos. Y además tengo la sensación de que lo que hemos visto estos días ha sucedido ya con otras leyes sanitarias recientes que son aprobadas por una mayoría en el Parlamento pero su aplicación practica y el impacto que persiguen queda anulado por la actuación de determinados sectores y lobbys con el suficiente poder para torpedear su aplicación efectiva aunque insuficiente para impedir previamente su aprobación parlamentaria.